El vuelco electoral da poder a PP y Vox para vetar miles de renovables

En Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y otros grupos saltan alertas ante el terremoto de los comicios, que abre la puerta a un giro total en la política energética española.

El vuelco electoral que se acaba de producir en España tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo va a tener un efecto empresarial inmediato. El PP y Vox tendrán poder para aprobar o vetar miles de proyectos de renovables. Justo en un momento en el que a nivel local empieza a haber una contestación cada vez más sonora contra los grandes proyectos.

Las elecciones han pillado justo en medio de la tramitación masiva de permisos, que dependen de ayuntamientos, comunidades autónomas, delegaciones territoriales del Gobierno o de los Ministerios de Industria y el de Transición Ecológica.

El proceso de aprobación de esos permisos se podría retrasar a la espera de que se establezcan los órganos correspondientes de las administraciones tras los comicios. Se podrían incluso congelar a la espera de que PP y Vox definan qué política energética quieren aplicar. O directamente podrían entrar en vía muerta a la vista del tsunami político.

Fuentes del sector reconocen que están expectantes de ver qué ocurre en aquellas comunidades donde el PP ha arrebatado el poder al PSOE logrando mayoría en las urnas, o en las que puede conseguir gobernar gracias a alianzas con Vox. Es el caso de Aragón, Valencia, Extremadura, Baleares, Canarias y Cantabria. Algunas de estas comunidades, como Aragón, son las que más megavatios tienen pendientes.

Empresas, a la espera

Empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Solaria, Acciona, Forestalia, Opdenergy, Soltec, Ecoener, Bruc y otros están a la espera de ver si el terremoto electoral del domingo se amplifica aun más este verano.

Ante la debacle electoral de este fin de semana, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido adelantar los comicios generales al 23 de julio. El PSOE ha tenido una política energética muy proclive hacia las renovables, hasta el punto de que desde un principio las convirtió en una bandera electoral. El PP ha sido mucho más comedido y Vox totalmente impreciso. El PP explica en su programa electoral que «la implantación de energías renovables es una opción deseable allí donde sean la alternativa más adecuada, siempre y cuando sea compatible con el territorio».

Vox ha llegado a catalogar la política energética de Sánchez de «fanatismo climático». El programa del PP y de Vox les deja la puerta abierta a parar proyectos allí donde detecten una mayor contestación social. La presión en contra de algunas macroinstalaciones en España se ha disparado, con lemas como «renovables sí, pero no así», entre otros.

Grupos como Forestalia y Soltec han empezado a compensar a las localidades donde desarrollan proyectos con distintas ayudas financieras o energéticas.

Datos de Red Eléctrica

Según los últimos datos de Red Eléctrica, la empresa del grupo Redeia que gestiona las conexiones de renovables a la red de alta tensión, a fecha de 30 de abril, había en España un total de 164.500 megavatios de renovables con permiso de conexión a la red concedido o solicitado, todos ellos en distinto estado de tramitación de otras licencias.

Este año se está produciendo una alocada carrera para conseguir esas otras licencias, sin las cuales, los proyectos de renovables quedarían fuera de juego. El 25 de enero venció el plazo para obtener el permiso medioambiental (Declaración de Impacto Ambiental, DIA, según el argot técnico).

Gran criba

En ese momento ya hubo una gran criba de proyectos (se calcula que más de 13.000 megavatios).

Después llegó otra fecha tope, el 25 de abril, en el que los proyectos debían obtener la autorización previa (una licencia prácticamente automática si se había obtenido la DIA). El problema está en las fechas tope para los próximos permisos.

25 de julio, fecha crítica

El 25 de julio vence el plazo para conseguir la autorización de construcción. Sería justo después de las elecciones generales, en las que España puede vivir un vuelco en el Gobierno de la nación. La última fecha tope por cumplir (hito), sería en junio de 2025, cuando deberían obtener el visado de puesta en marcha.

Dada la complejidad para tramitar los permisos DIA, muchos proyectos tuvieron que ser modificados con respecto a su versión original, lo que les obligó a tramitar una nueva consulta pública que hará muy difícil que cumplan con el hito del 25 de julio de este año. De ahí que en el sector se haya pedido una ampliación.

 

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