El Gobierno lanza la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. La propuesta será registrada este viernes por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados como proposición de ley. Un procedimiento, hacerlo desde las Cortes y no desde el Consejo de Ministros, que permite al Ejecutivo sortear la petición de informes preceptivos a órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Regatea frenos u objeciones. El texto de esta propuesta plantea derogar el delito de sedición y sustituirlo por «una nueva tipología» que sería «desórdenes públicos agravados».

«Va a ser una iniciativa que ayude a distender la situación en Cataluña», ha sido la justificación que ha dado Pedro Sánchez para poner ya sobre la mesa esta la medida. «Comprendo que haya españoles que tengan dudas», ha añadido. Entre esos españoles se encuentran miembros de su partido, líderes territoriales y presidentes autonómicos, que no ven con buenos ojos esta reforma y que consideran que puede pasarles factura.

Uno de los propósitos de lanzar ahora esta medida es también amortiguar ese posible desgaste con un colchón de meses por delante respecto a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

«Tenemos que seguir dando pasos», ha dicho Sánchez en una entrevista en La Sexta. «Mañana [por este viernes] los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y reemplazarlo por otro homologable al que tienen otras democracias como la alemana, la francesa, la italiana, la belga o la suiza», ha defendido.

Sánchez acelera la derogación del delito de sedición una vez rota la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares rompieron el diálogo alegando que el Ejecutivo jugaba a dos bandas y les engañaba respecto a esta iniciativa, que el propósito de Sánchez era acometerla frente al enfriamiento que traslada el ministro Félix Bolaños en las negociaciones. Ahora, el Gobierno se lanza de lleno a ella.

El Gobierno gira en su posicionamiento. Realiza un viraje y se desdice a sí mismo. Hasta hace sólo unos días, horas, en el Ejecutivo seguían apuntando que no había novedades ni avances, ni siquiera negociación o intercambio de propuestas con ERC respecto a la reforma y rebaja del delito de sedición. «No está maduro», llegaban a decir en La Moncloa. Cabe recordar que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sólo hace unos días en el Congreso, en el marco del debate sobre los Presupuestos, dijo que el Gobierno llevaría la reforma a esa Cámara y ante el revuelo que produjeron sus palabras se vio obligada, algunas fuentes apuntan a que la obligaron, a desdecirse o matizar.

Esta misma semana, Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, aseguraba en una entrevista en Onda Cero que no estaba redactada la propuesta para acometer la reforma para cambiar la sedición.

Apenas 48 horas después, ya hay papel, ya hay propuesta, ya se da inicio al trámite. Uno de los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Ejecutivo para decir que no había nada nuevo sobre el cambio de la sedición es que no había una mayoría en el Congreso para sacarla adelante. Lo cierto es que sí la había y así se lo recordaban sus socios, entre ellos ERC -que si en un principio abogó por la amnistía en las últimas fechas bendijo la posible rebaja de la sedición- o Bildu. Los independentistas catalanes estaban al tanto del anuncio que iba a realizar Sánchez. Sabían el contenido y alcance del mismo con antelación.

Y, de hecho, fueron de las primeras formaciones en valorar el mismo. «Es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Cataluña. No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos», valoraron desde ERC.

El cambio de la sedición fue uno de los asuntos que se abordó en la última mesa de diálogo, que se celebró en julio y donde, según expusieron los independentistas, el Gobierno se comprometió a llevarla a cabo antes de final de año: «Antes de que acabar el año se tiene que concretar. Debe haber acuerdos determinados y cambios legislativos en el proceso de desjudicialización».

Minutos después del anuncio de Sánchez, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, publicaba un tuit en el que calificaba la iniciativa como un «paso indispensable en la desjudicialización».

Sánchez ha negado que el impulso de esta iniciativa fuera una una «exigencia» de ERC para, por ejemplo, apoyar los Presupuestos que se tienen que votar a finales de noviembre en el Congreso. «Lo he reivindicado desde siempre», ha defendido. El propósito que trasladaban desde Ejecutivo era separar las Cuentas Públicas de la sedición, que apuntaban, en todo caso, sería un asunto a tratar en la llamada mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, que tiene pendiente reunirse antes de que acabe el

Este cambio en el Código Penal afecta a los líderes del procés juzgados en España, y condenados por sedición y malversación, entre ellos Oriol Junqueras, líder de ERC. Pero también podría favorecer a Carles Puigdemont y Marta Rovira, huidos de la Justicia española. Sánchez ha defendido que ambos, de regresar a España tendrían que rendir cuentas ante la Justicia porque «se van a reconocer penas por esos delitos», que de salir adelante la reforma pasarían a denominarse «desórdenes públicos agravados». «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito».

Puigdemont ha lamentado en su cuenta de Twitter que con la reforma anunciada, «no se desjudicializaría nada» porque contempla igualmente penas de cárcel. «Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum de independencia, qué más da si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho», ha argumentado y ha calificado a Sánchez como «un maestro en el arte del engaño». «Los ‘anuncios de Sánchez’ nunca son lo que parecen», ha avisado.