La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados pretende poner fin a un injustificable retraso en la trasposición de las directivas comunitarias en la materia. España se encuentra hoy en la parte baja de la tabla en materia de reciclaje, con niveles 10 puntos por detrás de la media europea, y datos muy altos de residuos en vertedero, lo que puede acarrear multas importantes. Todo esto incrementa la urgencia en aprobar esta ley. Aunque queda su paso por el Senado, donde no se deben descartar modificaciones, la estrategia y las principales medidas son ya conocidas y suponen un avance importante ante la pasividad previa, lo que no quiere decir que todo quede solventado.

La ley incorpora al sistema la gestión de residuos que hasta ahora quedaban al margen (como el textil), pone coto al plástico en general con restricciones especiales al de un solo uso, establece objetivos de recogida separada de residuos en los municipios, impulsa la venta a granel en grandes superficies, obliga a bares y restaurantes a ofrecer gratuitamente agua no embotellada, y establece un sistema de depósito y retorno para envases de plástico si se incumplen los objetivos de reciclaje previstos, entre otras medidas.

Introduce también la ley tres nuevos instrumentos fiscales: un impuesto sobre vertido e incineración, otro sobre los envases de plástico no reutilizables y algunas disposiciones en materia de tasas de residuos. Además de esa función disuasoria que tienen, sería deseable que el dinero recaudado se destinara, en todo o en parte, a mejorar la gestión de la recogida y tratamiento, tal como pedían las organizaciones ecologistas, si bien este asunto depende de decisiones políticas posteriores y no tanto de la ley.

Desde una visión general, y partiendo de lo acertado de las medidas planteadas en la ley, hay que insistir en la necesidad de profundizar en su desarrollo para incrementar su eficacia. Para ello será preciso asumir, al menos, dos grandes objetivos: ofrecer, en primer lugar, un mecanismo inclusivo que hagan suyo tanto los diferentes niveles administrativos, con los ayuntamientos como protagonistas, como la industria afectada; el segundo, de enorme calado, y al que la ley presta atención insuficiente, hace referencia a la imprescindible innovación para hacer viables los objetivos propuestos. No se avanzará mucho en la sustitución de plásticos de un solo uso, por ejemplo, si no se encuentran materiales con todos los requisitos sanitarios que permitan sustituir las pajitas, los vasos u otros utensilios. Es indispensable garantizar esta innovación por parte de la industria y que la Administración la fomente con todos los instrumentos a su alcance. No obstante, tampoco el concepto de eco-diseño encuentra su lugar en esta ley como eje vertebrador de todas las políticas al respecto: todavía no se prevé el modo de minimizar los residuos desde el inicio mismo del diseño de un producto.

Con todo, una de las aportaciones más importantes de esta ley es la incorporación del concepto de economía circular. Estamos ante un fenómeno económico que puede generar ahorro, riqueza y puestos de trabajo, y lo hace con un modelo de gestión diferente que tiene como fin último convertir los residuos de unos en recursos para otros. O lo que es lo mismo: acabar con la idea misma de residuo.